domingo, 30 de septiembre de 2012

Más Florencio Varela y menos Harvard, Eduardo Anguita


Por Eduardo Anguita
Una de las curiosidades del Cordobazo, allá por mayo del ’69, fue que entre los estudiantes que dijeron basta, estaban los de la Católica. Curiosidad, porque uno de los objetivos del Onganiato era terminar con la llamada universidad cientificista, que contaba con unos académicos de excelencia y unos presupuestos que les permitían hacer investigación y aportar a la generación –sistemática– de profesionales capaces de inventar, de agregar talento a lo que comúnmente se llama valor agregado. Días pasados, quien escribe estas líneas conoció de modo eventual a un joven ingeniero argentino con licenciatura y doctorado en Córdoba que luego fue a trabajar a una empresa dedicada a reactores nucleares –su especialidad– en España. Recién aterrizado en Buenos Aires, este ingeniero joven, contaba que fue contratado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con un buen salario, con los gastos incluidos para su traslado y el de su familia por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Entre los aportes de este especialista joven está el de buscar procesos que puedan hacerse en la Argentina para reemplazar aquellos que se importan de empresas o laboratorios extranjeros de altísima gama. Soberanía. Márgenes de soberanía que a diario, en silencio, se van ganando. El ingeniero empezó a ir a diario a la sede de la CNEA, se cruza con Tecnópolis con la misma familiaridad con la que un empleado de la Rural se cruza con el Zoológico.
La historia de la Católica de Córdoba viene a cuento por muchos motivos. Era privada y a Onganía le salía un grano fuerte porque para terminar con la excelencia de la universidad pública contó con el apoyo de la Universidad Católica Argentina, cuyo pionero y rector fue el obispo católico Octavio Derisi. La idea de esa universidad surgió en plena pelea del Episcopado con Juan Domingo Perón a fines de su segundo gobierno y formalmente se presentó como proyecto no bien se concretó el crimen de Estado que sus perpetradores llamaron Revolución Libertadora. En tiempos de la lucha de Laica y Libre (gobierno de Frondizi), esa casa de estudios empezó a funcionar. Era confesional y privada, pero sustentada en gran medida por fondos públicos. Es decir, el Estado estableció girar fondos para formar una elite de cuadros dirigenciales referenciados en las autoridades católicas argentinas. El problema de la elite argentina no radicaba sólo en que Juan Perón había terminado con los aranceles para los estudiantes o que Perón hubiera creado la Universidad Obrera Nacional, que era la manera de darles herramientas reales y concretas para que los asalariados pudieran tener movilidad social ascendente en un país donde una elite manejaba los recursos financieros, la propiedad de la tierra y buscaba los alineamientos de la Argentina a favor de procesos dependientes y no soberanos. No era sólo eso, sino que una camada de radicales, socialistas y académicos de izquierda no peronista habían puesto en marcha una universidad pública, autónoma y con criterios de soberanía nacional. Para decirlo en términos de una polémica que tiene gran vigencia y enerva a mucha gente: un importante sector de las clases medias no peronistas –y muchos de ellos con pasado antiperonista– se sumó a la lucha de calles junto a los sectores obreros. Eso pasó en el Cordobazo y en muchísimos hitos de la lucha de los sesenta.

Desbordadas las usinas confesionales, políticas, empresariales y militares de la elite argentina, por una alianza política y social (de sectores peronistas y no peronistas, de sectores obreros y no obreros), empezó a elaborarse la doctrina de seguridad nacional, capaz de eliminar a una generación de luchadores formados tanto en el sindicalismo combativo como en la excelencia académica pública y popular. En Iglesia y Dictadura, el gran intelectual y luchador Emilio Fermín Mignone desnuda cómo la cúpula eclesiástica puso especial atención durante la última dictadura militar en preservar ámbitos académicos que recibieran el bombardeo ideológico de los sectores privilegiados al tiempo que mantenían una visión inquisitorial de la fe católica. Mignone era católico y resultaba una piedra en el zapato del Episcopado. Como lo fue Carlos Mugica, que además de cura obrero era un académico extraordinario y daba sus clases en la Universidad del Salvador, creada en la misma época de la Católica pero que mantuvo una gran amplitud de cátedra y una formación no inquisitorial.
Florencio Varela y Harvard. Robert Merton es uno de los pilares de la sociología funcionalista de Estados Unidos y es quien redefinió un viejo concepto: el de la profecía autocumplida. Merton provenía de una familia judía emigrada de Europa oriental y se convirtió en uno de los íconos de la Escuela de Negocios de Harvard. Dicha en pocas palabras, la profecía autocumplida significa que si una situación es definida como real, va a tener efectos reales. Una de las frases que parecen una verdad indiscutible por estos días, en boca de muchos dirigentes o pensadores del llamado campo nacional, es que la clase media es reaccionaria y antipopular, que odia todo lo que está originado en el gobierno de Cristina Kirchner y que no hay modo de establecer un diálogo inteligente y respetuoso por parte de quienes apoyan lo que comúnmente se llama “el modelo” y que se expresa en las múltiples políticas de inclusión social que en la última década están modificando el mapa político y cultural argentino. Quienes sostienen esta postura argumentan, como si recurrieran a la mejor bibliografía posible, a notas de TN o a artículos de diarios opositores. Es decir, tratan de simplificar complejos mecanismos sociales y culturales por lo que llaman evidencias, que no son más que algunas manifestaciones de conductas aisladas e individuales. Quien escribe estas líneas no es un especialista pero se tomó un año entero de su vida para elaborar junto a Alberto Minujin un texto (La clase media – Seducida y Abandonada, Edhasa, 2004). El libro fue publicado para contribuir a un debate imprescindible cuando llega un gobierno de corte popular a la Argentina y tiene que ver con las profundas divergencias entre los beneficios económicos –y de políticas públicas– de sectores medios y sus inclinaciones y opiniones políticas. Pero para quienes se autocomplacen despilfarrando su enojo contra “la clase media”, ese texto dispara muchos hitos de la historia de los últimos 40 años de la Argentina que pone en cuestión estas afirmaciones ligeras. En primer lugar porque puede constatarse que aquella lucha de los años sesenta le significó al peronismo un aporte de votos y de cuadros políticos provenientes de capas medias que le dio una mayoría abrumadora en las elecciones de marzo y de septiembre de 1973. También se puede advertir que, tras el triunfo magro de Néstor Kirchner en 2003, su imagen –la de su gobierno– había calado en el corazón de muchos sectores medios. Ni qué hablar del aporte de votos de sectores medios urbanos y rurales en las últimas elecciones donde Cristina Kirchner obtuvo el 54% de las adhesiones. Con un elemento nuevo: el encono del Grupo Clarín y otros medios opositores, que hasta 2007 se mostraban más prudentes en su antikirchnerismo. Cualquier medición sociológica permite constatar que muchísimos de los que se informan por esos medios opositores votaron por Cristina. Entre otras cosas, por la inmensa volatilidad de la identidad de las llamadas “clases medias”. Está claro que quienes tienen una visión inquisitorial o dogmática no pueden aceptar los fenómenos contradictorios y mucho menos los cambios repentinos en los procesos políticos y sociales.
Desde ya, quienes no estén dispuestos a meterse en la compleja trama donde lo aparente no siempre es lo real, podrían dar un paso al costado y ponerse a estudiar con serenidad los procesos sociales. No solo por una elemental necesidad funcional consistente en contar con votos de sectores medios y no entregárselos a sus adversarios. Sino por algo más profundo y que tiene que ver con lo que, a criterio de este cronista, constituye uno de los aportes más genuinos del kirchnerismo: romper barreras que permiten el ascenso social a sectores que sufrieron niveles de exclusión que fueron denigrantes. Muchas de esas barreras rotas son fenómenos asentados en la educación y son la contracara de los procesos elitistas. Ocho de cada diez inscriptos en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela, recientemente creada, son primera generación de universitarios. En estos años, muchos jóvenes se capacitan en áreas técnicas y el trabajo que consiguen no sólo es registrado sino de calidad. Quienes vivían en villas a veces ven cómo se urbaniza la villa, otras logran juntar recursos para mudarse. Las conductas que cada grupo o individuo tienen frente al ascenso cultural y económico son variadísimas. Muchas veces se expresan en la negación del pasado, al menos por un tiempo. Para graficarlo: ser pobre da vergüenza y cuando alguien mejora su condición social puede tener conductas para eludir o disimular su pasado. El llamado “orgullo” de ser obrero en otros tiempos de sociedades más estructuradas y menos mediáticas podía funcionar más o menos como lo expresan muchos relatos de los años cuarenta y cincuenta. La actual configuración social pone en duda esos mitos. Esto es sólo un aspecto de los tantos fenómenos contradictorios que deben tenerse en cuenta para entender que los procesos sociales que vive la Argentina actual se mueven como un caleidoscopio, con mucho vértigo, con mucha imprevisibilidad.
Pero de la infinidad de aspectos cambiantes en una sociedad con políticas que estimulan el ascenso social no debe olvidarse que los laboratorios de formación de cuadros –en todo el mundo– tienen la finalidad de hacer círculos cerrados. Es decir, son antagónicos con los procesos inclusivos. Se habla estos días con fruición de las preguntas y respuestas de la conferencia de Cristina Kirchner en Harvard. Y deberían tomarse algunas apostillas para contribuir a que tan acaloradas opiniones resulten menos chatas, menos ramplonas, de lo que se lee en tantas páginas. Harvard tiene casi cuatro siglos de vida. Es un negocio privado dedicado a la formación de ejecutivos de bancos o grandes empresas, la mayoría de los cuales provienen de las familias de supermillonarios estadounidenses. Permite también, a quien esté en condiciones de pagar entre 50 y 100 mil dólares anuales o conseguir una beca, entrar a ese selecto mundo de quienes se autodefinen como líderes pero que tienen la curiosa situación de estudiar en el país que está generando la peor crisis del capitalismo. La Escuela de Negocios de Harvard (ésta es de las de 100 mil dólares anuales) formateó a un tipo como Sebastián Piñera, el presidente chileno que reprime estudiantes que quieren educación pública. O a Felipe Calderón, el mexicano que deja la presidencia con decenas de miles de muertos por el llamado narcotráfico y con un 50% de pobres. O a tipos como Domingo Cavallo, cuyos desmanes en la Argentina están suficientemente contados. Para quienes, realmente, quieren tomar dimensión de los desafíos de diálogos sociales imprescindibles en los procesos inclusivos y contradictorios, sería bueno simplificar estos conceptos en una frase: Más Florencio Varela y menos Harvard.

fuente: Miradas al Sur

sábado, 29 de septiembre de 2012

El 7 de diciembre y el Día D

Año 5. Edición número 227. Domingo 23 de septiembre de 2012
21 de octubre de 2009, La Plata. Ese día Cristina anunció el envío de la ley de medios al congreso./ Juego de tapas blancas. Intentando remontar el espanto que suscitó la portada dedicada al presunto “goce de poder” presidencial, la revista Noticias publicó a la semana siguiente una tapa en blanco, “la que quiere el Gobierno”. No fueron nada originales.

OTRAS NOTAS

  • Este podría ser un año de grandes definiciones en relación a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así se advirtió esta semana cuando el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni aseguró que el fallo sobre el artículo 161–que permanece suspendido sólo para el Grupo Clarín– “tendría que salir en este año”. El juez explicó en declaraciones radiales que “hay una medida cautelar que está en la Corte dispuesta para uno de los grupos empresariales, y el resto está vigente.
  • El fallo de la Corte es muy interesante. Varios de sus fallos sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tienen señales hacia todos los grandes actores de la política de medios. Hacia el Grupo Clarín; pero también al Gobierno y a otros grupos.” La frase, dicha en el programa Hoy más que nunca de radio Nacional, pertenece a Martín Becerra, quizá el investigador argentino más destacado en materia de industrias comunicacionales.
  • La decisión de la Corte, que puso fecha de vencimiento a la cautelar que dictó el ex juez Edmundo Carbone y convalidó la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sacó del congelador el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Es una fallo que deja en claro que el artículo cuestionado por el Grupo Clarín no afecta derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión y de prensa.
  • El fallo de la Corte Suprema que fija el 7 de diciembre como vencimiento de la medida cautelar que favorece al Grupo Clarín, completa un largo proceso judicial iniciado por el multimedio en octubre de 2009, pocos días después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
  • Bahía Blanca, Dolores y Santiago del Estero son los tres puntos del país en los que nacieron las cautelares que buscaron frenar la grilla de programación de los canales. Hasta el momento, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) apeló la decisión judicial sobre las presentaciones del Grupo Ick, de Santiago del Estero, y de la empresa Dorrego TV, en Bahía Blanca.
  • Clarín decidió que, de cara a las elecciones, sus lectores tengan hasta la página 7 el “tema del día” y recién después los temas políticos nacionales. La Nación hace lo mismo en la 2-3. Así, los socios de Papel Prensa, que tuvieron un duro dictamen fiscal (ver nota Un fallido que aclara todo) empiezan con el crimen de María Marta y la despedida de Palermo. Clarín cae en las ventas. La Nación aumentó gracias al club de suscriptores, una curiosa tarjeta con descuentos de entre el 20 y el 30% para restaurantes y otros consumos masivos.
La postulación de Martín Sabbatella para el Afsca anticipa la discusión sobre lo que hará el Gobierno para aplicar la ley de medios. Clarín dice internamente que “no pasará nada”, pero ya se habla de planes de desinversión.
Según dice su currículum, Martín Sabbatella recibió en 2008 un premio de Clarín por las virtudes de su gestión al frente del municipio de Morón. Esta semana fue a ver a la Presidenta para intercambiar ideas acerca de cómo continuarán las estrategias oficiales de cara a la aplicación de la ley de medios. Clarín está en el centro emblemático del asunto, pero no es el único actor involucrado. Por lo que pudo saber este medio, al proponerle encabezar el Afsca, Cristina Fernández de Kirchner habló de aplicar la ley en toda su extensión, no sólo “contra la Corpo”. Eso cuentan fuentes cercanas al hoy diputado y dicen que el ex intendente le planteó dos asuntos a la Presidenta: interlocución directa con ella y no tener que sonreír ante ciertos grupos comunicacionales para enseñarles los dientes a otros. Un relato complementario que trascendió es que Cristina valoró ante Sabbatella su capacidad de gestión, su compromiso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que subrayó la importancia de esa norma para el proyecto kirchnerista. Le habría dicho más: “Sé que no te vas a doblar, tenés las manos libres para trabajar”.
Una tercera reconstrucción acerca del por qué de la propuesta de designación de Sabbatella viene de funcionarios vinculados con las políticas de comunicación oficial. Se trataría de una apuesta a favor de una figura política sin manchas, prestigiosa, vinculada con la defensa de la libertad de expresión. Más otra consideración menos bella: una cierta reevaluación de la gestión desarrollada desde el Afsca que incluye debilidades en la construcción de esa “otra zona de emisión” democrática a la que se aspiraba con la sanción de la ley, incluyendo la marcha atrás con aquel llamado a licitación de 220 licencias que resultó fallida, y en la que presuntamente buena parte de los que se presentaron eran fantasmas de empresas suficientemente fuertes como para aspirar a más.
Agarrate. Sabbatella tiene por delante una tarea bien dura y se supone que su designación tiene que ver con la capacidad política que tenga para manejarse. No será sólo la complejidad y la intensidad de lo que vaya a suceder a partir del 7 de diciembre (cuando en principio todos los grupos comunicacionales deberán adecuarse a la ley, tema que se retomará más abajo) sino de los relacionamientos que deberá mantener en el sistema mismo del gobierno kirchnerista. Hoy las estrategias sobre la aplicación de la ley de Medios pasan por un equilibrio cambiante en un trípode: el secretario Técnico y Legal, Carlos Zanini; el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el más “operativo” en la estructura comunicacional del Gobierno, Alfredo Scoccimarro. Ser titular del Afsca dentro de ese sistema o de cualquier otro implica dejar de ser “referente” de un espacio que hasta hace algún tiempo se manejaba con cierta autonomía para pasar a ser funcionario y tener que jugar entre los movimientos y opiniones de quienes eventualmente, sea por razones de imperioso realismo político o de acoso mediático, presionen para flexibilizar los vínculos con algún grupo comunicacaional dispuesto a la amistad.
No es un lugar fácil y más teniendo en cuenta la previsible velocidad con que Clarín pasó de premiar a Sabbatella a pegarle. Ejemplos de lo publicado en el diario: “Al frente del organismo que controla los medios quedará un cristinista de alto perfil político y ningún antecedente en la materia”… “Nuevo Encuentro en una pata del cristinismo duro”. Se suma un dato entre jurídico y político que tiene algo de controversial. La definición del Gobierno acerca de lo que se viene quedó clara en una contundente frase presidencial: “La cadena ilegal del desánimo tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre”. Existen, sin embargo, especialistas muy vinculados con el impulso y sanción de la ley de Medios que entienden que, según el último fallo de la Corte Suprema, el próximo 7 de diciembre no es que las corporaciones mediáticas deban estar ya adecuadas a la norma, sino que ese día deben comenzar a proponer los planes de lo que llaman “desinversión”.
El origen de la discrepancia interpretativa parece radicar en la ambigüedad deliberada en ciertos párrafos del último fallo de los supremos. A su vez, ese fallo (firmado por seis de los siete jueces, María del Carmen Argibay por esos días estaba internada) fue todo un avance, especialmente si se considera que en algún momento sus señorías se tentaron por quitarse de encima el problemón de “la guerra con Clarín”. Finalmente, los supremos fueron muy claros y duros con Clarín (firmaron entre otras cosas que de ningún modo el Grupo demostró que se afectaran las libertades) y contra la cultura de las cautelares. Tampoco faltó el párrafo destinado a la Afsca que decía que la autoridad de aplicación “no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa”. La duda acerca de cuándo vence o comienza el plazo de adecuación tiene que ver con el hecho de que la medida cautelar por el artículo 161 presentada inicialmente por Clarín ante el juez Edmundo Carbone (ya jubilado) no fue definitivamente levantada. Hasta hoy el holding no pidió prórroga de esa cautelar. A la vez, y mientras cacerolea con furia redoblada, su comunicación pública y semiprivada (ver recuadro) se muestra confiada en que todo está bajo control. Esa impresión es al menos la que transmitió uno de los cerebros del grupo, Martín Etchevers, en una reunión con gerentes de programación y conductores de programas el miércoles pasado. En sentido contrario, parece que la posición de Clarín al frente de Adepa, donde deben renovarse autoridades, está en riesgo.
Entre Macri y Clarín. Una de las primeras respuestas del Grupo ante la propuesta de designación de Martín Sabbatella apareció publicada no en Clarín sino en La Nación. La firmó alguien llamado Fabián Rodríguez Simón. El artículo sostiene que “La Corte, pese a reducir el plazo de vigencia de la cautelar, no modificó lo dicho por la Cámara respecto de sus alcances: ‘Vigente el efecto de la traba de la medida cautelar, la parte actora no tenía obligación de adecuar su conducta a la reglamentación del artículo 161’. En consecuencia, si la sentencia de primera instancia no sale antes del 7 de diciembre y ese día cesa la suspensión del art. 161 para Clarín, éste todavía tendrá un año más para obtener el fallo a su favor o para diseñar y presentar el plan de adecuación que menos perjudicial le resulte”.
Parte de lo interesante del artículo tiene que ver más con la estrategia política que con lo estrictamente jurídico. Rodríguez Simón plantea que de un 7 de diciembre al siguiente “podrá ocurrir que la vertiginosa dinámica de la política nacional, de mano de las elecciones legislativas de mediados de 2013, produzca algún cambio de escenario con consecuencias favorables para las libertades de imprenta, prensa y expresión, que de alguna forma beneficien a Clarín. Pero, incluso en el peor caso, salvo que lo haga voluntariamente, parece improbable que Clarín pierda ninguna de sus licencias audiovisuales antes de que termine 2013”.
Es una admisión de que las eventuales apuestas de Clarín tendrán relación con la posible presentación de nuevas chicanas judiciales, con un eventual cambio del clima político, o con respaldarse en el “tiempismo” de los jueces, conocidos por leer cautelosamente cada escenario antes de decidir nada. Es igualmente interesante saber quién es la persona que firmó en La Nación, cosa que el diario no aclaró. En Linkedin, Rodríguez Simón aparece como asesor del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, formado en la Harvard Law School y la UBA. Hay quienes dicen además que Pepín Rodríguez Simón fue armador de la célebre UCEP (la brigada macrista encargada de golpear y expulsar indigentes del espacio público) y que es uno de los estrategas jurídicos del gobierno porteño en temas tales como el eventual traspaso de la Justicia y los subtes. Y sobre todo, según publicó Perfil, el ex integrante del estudio Llerena & Asociados trabajó con el Grupo Clarín para trabar la ley de medios. Curioso: en la página web de ese estudio, un link que dice “clientes” lleva a esta frase: “No damos información sobre nuestros clientes”.
Interpretando la ley. Gustavo López, además de ser subsecretario general de la Presidencia, es periodista, abogado, fue responsable del Comfer y es un veterano militante de lo que hoy se conoce como ley de medios. Antes de opinar aclara sabiamente que las interpretaciones sobre los fallos las hace la Justicia y no los ciudadanos. Pero entiende que la cautelar presentada por Clarín efectivamente “cae el 7 de diciembre”, particularmente teniendo en cuenta algunos considerandos del fallo de la Corte. “Es obvio que Clarín hace su propia interpretación”, enfatiza también López, y reitera que si el Grupo no inicia alguna nueva acción legal, acaso ante el juez subrogante de Carbone, “la cautelar se cae automáticamente”. De más está decir que Clarín se cuida de informar acerca de cuál será su estrategia exacta, aunque bastante se insinúa en el artículo antes citado y en la comunicación interna.
Otro veterano militante de la democratización del mapa de medios y reconocido especialista es el docente de la Unqui, Martín Becerra. El investigador respondió de esta manera ante la consulta deMiradas al Sur: “Si bien la Corte en mayo dijo que a partir del 7 de diciembre el artículo 161 se le aplicará a Clarín plenamente, considero que es difícil que el Gobierno haga prevalecer su interpretación en la Justicia, toda vez que el 161 suspendió el proceso de adecuación para el Grupo y cuando caduque esa suspensión (la cautelar) se iniciaría un proceso que dura, al menos, un año. Además, es posible que se agreguen otras dilaciones administrativas o judiciales, vinculadas a ciertas ambigüedades que ofrece el texto de la ley en cuanto a los límites establecidos para la concentración, lo que otorga discrecionalidad a una autoridad de aplicación en la que aún no se permitió su constitución plena, con la inclusión de los representantes de partidos de la oposición”.
Julio Raffo, legislador de Proyecto Sur y un abogado que trabajó mucho en los temas de las industrias infocomunicacionales, opina que el 7 de diciembre recién se inicia el plazo de desinversión aunque a la vez, algo cáustico, dice que “yo, si fuera ellos (por los grandes grupos), iría desinvirtiendo”. También advierte que antes de que llegue el 7 de diciembre podría haber novedades judiciales sobre el asunto de la constitucionalidad de la ley, lo que llevaría a nuevas dilaciones por vía de la apelación.
Hay quienes añaden otros elementos de juicio, como que Clarín, tras los repetidos retos de la Corte, ya no podría presentar otra cautelar, pero en cambio podría pedir algún tipo de prórroga. También están los que alertan acerca de la necesidad de que la ley se cumpla por y para todos los grupos concentrados. Ya no sólo para ser consecuentes con la ley de medios, sino porque si un grupo violara alguno de los límites de audiencia previstos en las normas o incumpliera aspectos que tienen que ver con el origen del capital, esa eventual discriminación podría convertirse en un excelente argumento para que Clarín presentara, por ejemplo, un recurso ante la Corte Interamericana. Otro análisis posible que suman los conocedores: aún si la Justicia interpretara que Clarín u otros grupos tienen un año más para adecuarse, eso implicaría a la larga “el imperio de la ley”, la aceptación de una nueva realidad por parte de las empresas, sólo que con demora. Sería tal vez ese escenario de reconocimiento de la vigencia de la ley que sugiere Fabián Rodríguez Simón cuando habla de “presentar el plan de adecuación que menos perjudicial le resulte” al Grupo Clarín.
Fantasmas de tanquetas. El Grupo Clarín ya hizo circular en alguna de sus señales un nuevo y extenso spot, muy bien elaborado, en el que se cuestiona la ley como si ésta no hubiera sido ya aprobada tres años atrás. El spot, titulado “La ley de medios: del slogan a la realidad”, tiene casi cuatro minutos de duración y puede verse en la página corporativa del Grupo. También desplegó sus recursos hace cinco semanas ante las instalaciones de Cablevisión. Seguidos por las cámaras de TN yTelenoche, empleados y directivos de esa empresa se movilizaron “en defensa de los puestos de trabajo” y aparecieron hablando con el discurso de “somos una gran familia”, si bien muy creíbles ante la audiencia.
En ambos casos (el spot y el episodio de Cablevisión) media una extrema habilidad a la hora de defender las propias posiciones; es lógico que así sea porque se trata de una empresa que sabe manejar la comunicación. La pregunta es qué escenarios podrían esperarse según el tipo de medidas o acciones que despliegue el Gobierno dada su interpretación del fallo de la Corte. En el país del post-cacerolazo, ¿cuáles podrían ser esas acciones? ¿Intimaciones legales? ¿Nuevas vías judiciales? ¿Intervención de empresas? ¿El empleo de la Gendarmería? Es previsible, dicen los que saben de batallas judiciales, una radicalización de posturas, nuevas dilaciones, pero no necesariamente un escenario con tanquetas en avance. Uno de los razonamientos además es que las eventuales negociaciones que puedan iniciarse no tienen por qué referir a “un todo a tomar”, sino a regateos en cuotas más pacíficas: empresa por empresa, territorio por territorio, licencia por licencia. Alguna versión indemostrable, quizás interesada y nacida del Grupo Clarín, habla de una movida de Marcelo Tinelli para quedarse con Canal 13. Esta podría ser una expresión de otras versiones que dicen que el Grupo Clarín desinvertiría “hacia adentro”, en una operación que consistiría en desmontar la actual ingeniería societaria en beneficio de sus propios accionistas y no vendiendo a terceros.
Martín Becerra, respecto del escenario que pueda darse en diciembre, hace un llamado de atención cauteloso: “El fallo de la Corte Suprema de mayo último contiene un enorme respaldo a la implementación de la ley, golpea a Clarín en su principal argumento que es que la ley lesiona la libertad de expresión, reconoce legalidad en el objetivo de desconcentrar el sector y amonesta al Gobierno por su letargo en la aplicación de la norma. Creo que violentar un proceso que tiene el aval de la Corte Suprema podría quitarle legalidad y legitimidad al mismo. Al revés, considero que lo mejor que puede hacer el Gobierno al respecto es cumplir con la integración plena de Afsca y de la Comisión Bicameral e intimar a todos los grupos (no sólo a Clarín) a que se adecuen a la norma”.
Qué dicen en Clarín
“No debe suceder nada, ni fáctica ni jurídicamente, con los medios del Grupo”
El comunicado circuló firmado por la Gerencia de Recursos Humanos del Grupo Clarín y está dirigido “a todo el personal”. “A raíz de diversas consultas e inquietudes recibidas del personal” –dice la carta interna–, la gerencia traza un cuadro de situación descripto prolijamente en seis puntos. El sexto dice así: “El Grupo Clarín dispondrá de todo el año 2013, como mínimo, para que se dicte una sentencia de inconstitucionalidad en el juicio de fondo”. Y el primer punto del listado asegura que el 7 de diciembre próximo “no debe suceder nada –ni fáctica ni jurídicamente– con los medios del Grupo”.
Todo el comunicado busca trasuntar el tipo de discurso empleado por Martín Etchevers y otros voceros del Grupo Clarín que sostienen algo así como “Tranquilos, acá no pasa nada”, basado en la idea de que la “interpretación oficial” sobre el fallo de la Corte Suprema “carece de sustento legal”. El punto 3 del comunicado asegura que en la estrategia judicial del Grupo la medida cautelar “fue concebida para acompañar un juicio de fondo y proteger los derechos” mientras se lleva a cabo el juicio. “Por eso, del fallo surge que el 7 de diciembre es un plazo razonable para que la Justicia pueda resolver ese juicio de fondo, en el que Clarín planteó la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley”. El punto 4 agrega que “Si dicho juicio de fondo no estuviese resuelto para esa fecha, podría ampliarse la medida cautelar, tal como dijo la propia Corte en el fallo, ya que el sentido de las cautelares es proteger los derechos mientras éstos se discuten en la Justicia”. Y el 5 asegura que “Si para el 7-12 no hubiera ni sentencia de fondo ni ampliación de la cautelar, recién entonces entraría en vigencia el artículo 161. Y a partir de esa fecha comenzaría a correr el plazo de un año que establece la ley para la llamada ‘adecuación’”.
Finalmente, la carta remata diciendo que “la empresa seguirá llevando adelante todos sus proyectos en materia de televisión, manteniendo y generando nuevos puestos de trabajo, invirtiendo para renovar su liderazgo en contenidos y su apuesta a la vanguardia tecnológica”.

viernes, 28 de septiembre de 2012

CÓRDOBA: CAPITAL NACIONAL DE LA OPOSICIÓN

La nueva meca anti K

POR ADRIÁN MURANO
26.09.2012
        
De la Sota busca ganar posiciones ofreciendo su territorio, y Moyano plantó bandera. Los planes de la derecha serrana.
El peronismo anti K puso en marcha un clásico justicialista: la ambulancia. La estrategia consiste en recoger a los heridos del kirchnerismo y sumarlos a un incipiente dispositivo electoral con el objetivo inmediato de disputar las elecciones legislativas de 2013 y, a mediano plazo, posicionar algún dirigente en la grilla presidencial.
Víctima de una pulsión ansiosa que ya le jugó en contra en el pasado, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota aceleró la marcha en esa carrera de largo aliento y final incierto. El hombre que acarició una chance cuando el ex presidente interino Eduardo Duhalde lo sondeó como su delfín para las elecciones de 2003 –y que terminó en la banquina cuando su propio promotor reconociera que el cordobés “no movía el amperímetro”–, está convencido de que llegó su hora. Lo alientan, además de su añeja ambición, un puñado de dirigentes nacionales que aceptaron su propuesta de convertir a la provincia serrana en la nueva meca del peronismo anti K. Hacia allí ya peregrinaron Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Hugo Moyano, por mencionar a los más rutilantes de un firmamento aún mediática y territorialmente opaco.

Fue el camionero, precisamente, quien ratificó a Córdoba como la capital nacional de la oposición al celebrar en La Falda un congreso donde pretendió sentar las bases de su programa político-gremial. La elección del terreno no fue casual: en los ’50 y ’60, La Falda y Huerta Grande cobijaron verdaderas gestas fundacionales del gremialismo argentino, asociando para siempre el nombre de esas localidades a la historia del sindicalismo peronista. Claro que entre aquellas reuniones y este congreso auspiciado por Moyano existen diferencias cruciales. Aquellas fueron promovidas por dirigentes como Agustín Tosco y Raimundo Ongaro, quienes propiciaban una salida por izquierda a la disyuntiva política de la época. Sus contracaras fueron Augusto Vandor y José Ignacio Rucci, dos referentes de la derecha peronista-sindical que cuajan mejor con los gustos político-ideológicos del camionero.

Un modo de ratificar esa predilección surge de repasar la nómina de invitados, dónde convivieron el inefable anfitrión –De la Sota– con el ruralista Gerónimo “Momo” Venegas y el radical de derecha Oscar Aguad. Una postal similar a la que, un día antes, el propio camionero auspició frente a los tribunales, donde reclamó la reapertura de la causa por el crimen de Rucci en compañía de –otra vez– De la Sota, De Narváez, Venegas y el paladín carapintada Aldo Rico. Hay que reconocer, eso sí, que la semana de Moyano transcurrió a pura coherencia.

Más viscoso fue el comportamiento de De la Sota, que alternó esos abrazos con la crema de la derecha –algunos de ellos, incluso, reconocidos procesistas– al tiempo que difundía un aviso pago en el que vinculaba la gratuidad del boleto escolar en su provincia con la lucha de los chicos desaparecidos en la denominada Noche de los Lápices. La asociación mereció el repudio de las Madres de Plaza de Mayo, quienes reprocharon al gobernador por utilizar la lucha de sus hijos con fines promocionales. Riesgos de acelerar a fondo en una carrera que recién empieza.

MICHETTI LE PUSO UN LÍMITE A MACRI

La decisión de Gaby

POR ANDREA RECÚPERO
26.09.2012
        
La diputada le comunicó al alcalde que se queda en la ciudad. La noticia cayó mal en un sector del Pro. Las alternativas para competir en la provincia de Buenos Aires.
La dama se plantó. Cuando todo indicaba que cedería, Gabriela Michetti endureció su postura y primero le dijo que “no” al ministro porteño Emilio Monzó, uno de los principales operadores políticos y estrategas de campaña del Pro, que impulsaba el pase de la diputada a territorio bonaerense. Después se le plantó a Mauricio Macri, sin titubear: “No conozco la provincia de Buenos Aires, me gusta trabajar donde sé qué hacer, donde me siento cómoda”, le dijo durante una cena que compartieron, al cierre de esta edición, en la casa del jefe de gobierno. Frontal, la dama fuerte del Pro le confirmó al alcalde que quiere quedarse en la ciudad de Buenos Aires y que esa decisión no tiene retorno. Según pudo saber Veintitrés, el encuentro sirvió para limar asperezas y para que la diputada le explicara de primera mano a Macri “las razones” de su negativa al pase.
“Mauricio banca”, sintetizó Michetti al hacer un primer balance de la reunión frente a sus íntimos. Convencida de contar con el apoyo incondicional del jefe de gobierno, la dirigente oriunda de la localidad bonaerense de Laprida asistió a la cena confiada en que iba a encontrar del otro lado al mismo hombre que, en otra coyuntura, la alentó a hacer lo que sentía. Por eso, no quiso esperar más. Segura de estar dando el paso correcto, decidió cortar con las especulaciones sobre su eventual pase y desgranar las razones por las que cree que debe seguir haciendo política en la ciudad en una charla cara a cara con su jefe. El mismo hombre que en 2009 la instó a dejar la vicejefatura de gobierno porteña para desembarcar en el Congreso nacional, donde salió de las primeras planas. Como no está dispuesta a cometer el mismo error, esta vez decidió ir directo detrás de su sueño: ser candidata a jefa de gobierno en 2015.

“En realidad 2013 es un momento para posicionarse. El Pro no tiene que encerrarse, sino abrir las puertas a otras fuerzas, a otros dirigentes, si quiere convertirse en una opción presidencial. Para Gabriela esta no es una decisión egoísta, al contrario. Ella cree que así contribuye a consolidar el espacio”, confió la misma fuente que le contó a esta revista parte del diálogo que mantuvieron Macri y Michetti el miércoles a la noche. ¿Pero en qué o quién está pensando Michetti cuando sostiene que el Pro debe abrir las puertas? Otras fuentes consultadas para esta nota arriesgaron que la diputada apuesta a un acuerdo con el peronista disidente Francisco de Narváez de cara a 2013. Una opción que Macri no descarta, pero que está entre paréntesis desde que “el Colorado” se acercó al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Es más, Michetti no está sola en esta cruzada. La acompañan legisladores y miembros del gabinete porteño, convencidos de que la única manera de extenderse territorialmente es acercándose a otras fuerzas y consolidando otros liderazgos, además del que ostentan Macri y la propia Michetti. La contracara de ese razonamiento es que también De Narváez cree que tiene que aprovechar el 2013 para posicionarse y, por ahora, su búsqueda está orientada al peronismo, del que se siente parte.

Aunque puertas adentro del “partido amarillo” porteño insisten en que todavía no está dicha la última palabra sobre el pase del año, hace meses que es un secreto a voces que “Gaby”, como la llaman en ese colorido círculo, no quiere saber nada con pisar suelo bonaerense. Incluso, durante los últimos días, trascendió que Michetti podría prescindir de participar en las elecciones legislativas de 2013 si eso mantiene abierta su eventual candidatura a la jefatura de gobierno en 2015. “Los que insisten en que sea candidata por la provincia de Buenos Aires son los que quieren sacársela de encima en la ciudad”, destacaron fuentes cercanas a la ex vicejefa de gobierno, y agregaron: “Rodríguez Larreta tiene un interés muy particular”. La lectura es simple, el jefe de Gabinete y mano derecha de Macri quiere el camino despejado para suceder a Macri en la ciudad. Su máxima aspiración es convertirse en el candidato del Pro a la jefatura de gobierno en 2015. El peor escenario para él es competir en una eventual interna con Michetti, tanto para postularse como senador en 2013, como para el premio mayor porteño en 2015. Una instancia que, de concretarse, no amedrenta a la dirigente con mejor imagen del macrismo ya que, según diversas encuestas, cuenta con un 70% de conocimiento a nivel nacional. Un porcentaje envidiable, que superan muy pocos dirigentes, entre ellos la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Daniel Scioli.

La negativa de la dama a cruzar la avenida General Paz cayó pésimo, sobre todo porque todavía no se baraja una alternativa en el distrito bonaerense, que aglutina el 40 por ciento del padrón electoral. La lectura que hace el Pro en las últimas horas –por cierto, de sentido común– es que una fuerza sin representación en el distrito electoral más importante del país carece de chances serias en una elección presidencial. “Más allá de esta coyuntura, este espacio (el Pro) tiene que crecer”, le dijo Michetti a su gente de confianza horas antes del encuentro con Macri y, para tranquilizarlos, les recordó que “hay varios dirigentes” que piensan como ella, desde el diputado Federico Pinedo hasta varios legisladores y ministros, entre ellos el de Medio Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli. Más de una vez, precisamente Pinedo vaticinó que si el Pro no saca entre 20 y 25 por ciento en la provincia de Buenos Aires, se cae el proyecto presidencial de Mauricio Macri.

“La decisión de Michetti no sólo complica la estrategia que venía armando Monzó con vistas a 2013, sino también el 2015”, reconocen en el Pro. La explicación es simple: si Michetti no pega el salto a la provincia, se instala de inmediato como la figura del Pro con más chances para suceder a Macri al frente del Ejecutivo porteño. Una aspiración que se superpone con la de varios dirigentes que trabajan hace años con ese mismo objetivo. No sólo Rodríguez Larreta: la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, y el legislador Cristian Ritondo también se anotan. Sin embargo, tanto Rodríguez Larreta como Vidal están erosionados por la gestión, que desde que comenzó a correr el segundo mandato de Macri navega en un estado de crisis perpetua. El conflicto con los subtes, el cierre de cursos en escuelas públicas, la subejecución del Presupuesto en áreas sociales, las tomas de colegios (ver recuadro), la falta de insumos en los hospitales, las topadoras en el Borda y las políticas orientadas a fomentar la delación en las escuelas los tuvieron a mal traer. “Los resultados de la gestión no son los esperados”, comentan en los pasillos de la sede del gobierno porteño, a cien pasos de la Casa Rosada.

Por eso, mientras Mauricio Macri sólo piensa en cómo llegar mejor posicionado a la contienda presidencial de 2015, el resto de los dirigentes del Pro está preocupado en retener la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y en estrategias que permitan ampliar los horizontes de una fuerza que hasta ahora no pudo despegar de Capital Federal, más allá de los buenos resultados que obtuvo de la mano del cómico Miguel Del Sel en la provincia de Santa Fe. Por eso, cuando Macri piensa en una provincia de Buenos Aires sin la opción Michetti, no sólo fantasea con De Narváez, del que está distanciado; también están en la fila el ex goleador de Boca Juniors Martín Palermo y Marcos Milinkovic, la ex estrella de la selección argentina de voley. Otro de los nombres que se mencionan como eventuales candidatos en el distrito bonaerense es el de otro Midachi, Dady Brieva. Incluso cuando todo el mundo, dentro y fuera del Pro, recuerda que el ex conductor de Agrandadytos había dicho en su momento que “la candidatura de Miguel es una pelotudez”.

Del otro lado de la luna, es decir en el rodriguezlarretismo, los motivos que impulsan a Michetti a quedarse en la ciudad son otros. “Su desempeño en el Parlamento es mediocre y ser una diputada más opacó su trayectoria”. Además, en las elecciones de 2009 los resultados que obtuvo (31%), si bien fueron buenos, no colmaron las expectativas (35%). En esas elecciones de medio término, la gran sorpresa fueron los resultados que obtuvo Pino Solanas, que lo consolidaron como un referente en el distrito. Al punto que en 2011 decidió competir por la jefatura de gobierno porteño y, días atrás, fue el primero en anunciar su postulación al Senado en 2013.

Aunque falta un trecho para 2013, las piezas ya se están ordenando. En el tablero hay otra pieza clave: Nicolás Caputo, amigo y hombre de confianza del alcalde, a quien escucha cuando tiene que tomar decisiones importantes. “Caputo quiere que el Pro sigua gobernando la ciudad, por eso apuesta todo por Gabriela”, confiaron a esta revista fuentes alineadas con la dama rebelde nacida en Laprida. Para Caputo, Michetti tiene algo que no tiene ningún otro dirigente del espacio, capacidad de diálogo con el kirchnerismo. Una falla que ya le causó muchos problemas a Macri y al hombre que hoy por hoy se hace cargo de la diaria de la gestión: Horacio Rodríguez Larreta. En este marco, todo se encamina hacia una interna entre el jefe de Gabinete y la diputada que se le plantó a Macri. La banca en la Cámara alta podría convertirse para ambos en el escalón previo a una candidatura a la jefatura de gobierno en 2015. Pero esto recién empieza. 
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El reclamo de los más jóvenes

Los sub 18 ganan protagonismo en la ciudad de Buenos Aires. Con 32 escuelas tomadas al cierre de esta edición, los estudiantes secundarios se mantenían movilizados en contra de las modificaciones que impulsa el gobierno porteño en materia educativa para unificar la currícula con la del resto del país. Los jóvenes rechazaron los términos de una carta en la que las autoridades macristas les propusieron jornadas de información sobre los cambios que se aplicarán en 2013. A cambio, los estudiantes exigen que se organicen debates y se postergue la implementación hasta 2014.
Ante el panorama desalentador que enfrenta la gestión macrista en los colegios, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, salió al cruce de la decisión de los estudiantes secundarios. El ministro, hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta, descartó un diálogo directo con los jóvenes y dijo que “se trata de un cambio dispuesto por el Consejo Federal de Educación”. También destacó que lo que se busca es que “los títulos que se otorgan en la ciudad tengan vigencia a nivel nacional”. 

Los estudiantes porteños iniciaron la protesta hace más de 10 días, después de mantener una reunión con Bullrich en la que plantearon su rechazo a los cambios curriculares y reclamaron participación en las decisiones que los involucran. Hasta ahora no fueron escuchados. Sin embargo, el ministro insistió en que “el diálogo está abierto en los canales correspondientes”, en alusión al que mantienen los funcionarios de la cartera a su cargo con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y los directivos de las escuelas tomadas.

Mientras Bullrich descartaba dialogar directamente con los jóvenes, más centros de estudiantes se sumaron a la protesta contra los programas que “de manera inconsulta” se implementarán en ocho escuelas técnicas desde el año próximo. A la toma, que encabezan las técnicas y las de arte, se sumaron en las últimas horas el Mariano Acosta, el Mariano Moreno, la escuela técnica Cornelio Saavedra, el Normal 10, el Lengüitas, el Nº 7 y el Comercial 30.

Todo indica que, tras la marcha al Palacio Pizzurno prevista para este jueves, se irán sumando más jóvenes a la protesta que mantiene en vilo a la gestión de Mauricio Macri. Además, por otras razones, alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires, se movilizaron el miércoles en contra del ajuste de salarios, en contra de la recategorización de docentes, que consideran “ilegal”, para que se cumplan las paritarias y para que no haya más designaciones “a dedo”.

En ese marco, la directora del Colegio Mariano Acosta, Raquel Papalardo, reveló en diálogo con Radio Nacional que autoridades porteñas se reunieron con los directivos de varias escuelas tomadas y les entregaron un protocolo para que denuncien las tomas de los establecimientos ante la comisaría correspondiente. La docente precisó que los directivos y el cuerpo docente recién se enteraron hace veinte días de los cambios previstos para las escuelas del distrito.

Por la distribución del instructivo, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció ante la Defensoría General de la Ciudad al ministro Bullrich por intentar criminalizar la protesta al hacer circular el instructivo en el que insta a los directores a denunciar “en forma inmediata” a la comisaría cualquier situación de toma.

Los estudiantes rechazan que, entre los cambios propuestos, haya menos carga horaria en materias como dibujo técnico, taller, laboratorio, educación cívica, y se haga hincapié en fortalecer los contenidos de lenguaje, matemática o inglés ya que aseguran que así se transformaría a las escuelas técnicas en bachilleratos. En tanto, las escuelas normales se oponen a la eliminación de orientaciones como comunicación social, biología y físico-matemática que propone la reforma.

jueves, 27 de septiembre de 2012

AVANCE SOCIAL 2003/2007 Y DEBATE SOBRE 2007/2011

Indicadores y evidencias

El autor se interna en la polémica sobre los indicadores sociales y toma dos estudios ajenos al Gobierno, de la UCA y Cippec, para verificar si se han consolidado los avances después de 2007.
 Por Alejandro Rofman *
El proceso de recomposición del tejido social en la Argentina contemporánea sigue teniendo versiones e interpretaciones variadas. El descenso de todos los índices de insatisfacción social en el período 2003-2007 no ha sido cuestionado por ningún observador objetivo y sus evidencias forman parte de los análisis tanto de los que apoyan el modelo vigente como de quienes lo discuten. Pero el estudio de lo acaecido desde el año 2007 ha instalado una polémica que permanece abierta, impidiendo (hasta hace muy poco) alcanzar un juicio certero, aceptado por todos, acerca de la evolución de la situación social en este último tramo.
Esa polémica se fundamenta en el cuestionamiento a los valores de los principales indicadores sociales, cuya certeza se supone afectada en su cálculo. En particular, la severa crítica a los datos del Indec sobre la variación de los precios al consumidor pone en tela de juicio la versión oficial de que la mejoría de la situación social persiste y se ha ido consolidando.
Dos recientes estudios colaboran decididamente en saldar esa polémica.
El primero de ellos fue publicado por la Universidad Católica Argentina, en julio de este año. Resume una investigación de su Observatorio de la Deuda Social Argentina y se denomina “Asimetrías en el desarrollo humano y social (2007-2010/11)”. El documento, prologado por el presbítero doctor Víctor Manuel Fernández, rector de la universidad citada, menciona entre otros agradecimientos, a “la gerencia de responsabilidad social del Banco Galicia y a la Fundación Diario La Nación”, por “la confianza y el permanente apoyo brindado al desarrollo de las investigaciones que hicieron posible la elaboración del presente documento”, así como la valiosa colaboración del área de responsabilidad social de la empresa Cablevisión.
El otro documento es fruto de un estudio realizado por el Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Su actividad, según los logos que se insertan en la carátula y en la página final del informe “100 políticas para potenciar el desarrollo”, exhibe como auspiciantes a empresas de capital nacional o extranjero, como Mapfre, Nobleza Piccardo, Vale y Telefónica, entre otras.
Queda totalmente claro, entonces, que ambos informes están redactados y sostenidos económicamente por sectores sociales totalmente desconectados del aparato oficial y de sus seguidores.
Las informaciones que se pueden extraer de ambos documentos son de muy alto valor testimonial sobre la más reciente evolución de los principales procesos sociales en la Argentina. El documento de la UCA afirma que “durante el segundo año del Bicentenario (se refiere al año 2011, nota mía) tuvo lugar una rápida recuperación del terreno perdido en materia económica después de los embates de la crisis internacional de 2009 y 2010 (...). Según la mayor parte de los especialistas, el año 2007 fue el mejor momento del modelo político-económico postdevaluación a lo largo de la primera década del siglo XXI. Esto hace que dicho año se constituya en un parámetro ideal a partir del cual evaluar los eventuales logros o retrocesos durante los años 2010-2011”.
El documento reconoce que el tramo 2003/2007 fue apreciado por quienes analizan la evolución económica y social de la Argentina como el de más alto desempeño de toda la década. La pregunta, entonces, es si entre 2007 y 2011, la declinación económica acaecida en los dos años de crisis mundial y su impacto en la Argentina logró ser superado o continuó prevaleciendo. Veamos los datos que el instituto de la UCA consigna en su informe para dar respuesta a este interrogante.
“Son bien conocidos los avances que tuvieron lugar en la última década en la ampliación de los derechos sociales, el importante crecimiento que experimentó la economía, la extensión de la asistencia pública y el mayor esfuerzo laboral emprendido en función de aprovechar las nuevas oportunidades de movilidad social” (página 17). El texto no merece demasiado comentario dado que es concluyente en afirmar que, desmintiendo opiniones en contrario, se experimentó un apreciado avance económico y social singular en toda la década inicial de este siglo al amparo del modelo político-económico vigente.
Por supuesto, no se detiene en ese juicio laudatorio, pues agrega que los problemas de marginalidad, pobreza, indigencia, entre otros, siguen “siendo debilidades de una sociedad que crece, consume y progresa (...). A pesar de las mejoras alcanzadas durante casi una década de continuado y extraordinario crecimiento socioeconómico, queda mucho por hacer en materia de desarrollo humano, integración social, justicia social (...) para el alcance de una ciudadanía plena en derechos para todos”. Estas conclusiones son similares a las que se escuchan de importantes dirigentes políticos y sociales que acompañan al gobierno actual, incluyendo repetidas observaciones incluidas en recientes discursos de la señora presidenta de la Nación.
Veamos, entonces, los datos estadísticos básicos para definir la trayectoria del proceso económico y particularmente social entre el mejor año de la década, 2007, y el 2011. Nos centraremos en dos datos estratégicos. El primero se refiere al ingreso per cápita familiar, es decir, el que corresponde a cada integrante de un hogar cualquiera sea el tamaño del mismo en cantidad de personas que lo integran. Esta información, que surge de los registros del Observatorio Social de la UCA, se la estima de dos maneras: con el índice oficial de precios del Indec o con el promedio ponderado de crecimiento de los índices de las siete provincias que llevaban, entre los años 2007 al 2011, registros mensuales de variación de los precios al consumidor.
La media de los ingresos anuales de los hogares a precios constantes, deflacionados según el índice de precios combinados de siete provincias, ascendió a 4768 pesos. Si se coteja este dato con los de los años 2007 y 2010, calculados también en base a la metodología de la UCA, resulta que la variación de los ingresos familiares entre 2007 y 2010 resulta positiva en un 1,2 por ciento, y entre 2007 y 2011 en un 11,9 por ciento. Es decir, que, pese a los efectos negativos de la crisis mundial en 2008 y 2009, prosiguió la expansión de este indicador fundamental del bienestar familiar.
Los datos de Pobreza e Indigencia acompañan el sesgo favorable de la evolución del ingreso familiar arriba comentado. El estudio del Observatorio utiliza canastas básicas totales y canastas de alimentos imprescindibles basadas en los índices de precios de las siete provincias, descartando totalmente los del Indec, pues impugna estos últimos por “manipulación política”. Estos valores de canastas básicas son sustancialmente mayores a los que se calculan por el Indec. Pese a este cambio de medición, el Observatorio Social de la UCA reconoce que la pobreza calculada por ingresos retrocedió desde el 26,9 por ciento en el año 2007 al 26,6 en 2010, y al 21,9 en el año 2011. Debemos recordar que el índice de regresión social en el año 2003 superó el 53 por ciento, por lo que la reducción total entre el inicio del período constitucional bajo la presidencia del doctor Kirchner y el cierre del último año (nueve años de extensión) supuso una disminución de la pobreza en un 60 por ciento, lo que da cuenta de un significativo avance de la equidad social.
En cuanto a la indigencia (que indica la situación específica de un habitante que, con sus ingresos, no está en condiciones de adquirir una canasta básica de alimentos) los datos del Observatorio de la UCA revelan que la tasa respectiva estaba en el 8,1 por ciento de la población en el año 2007 (3 millones de habitantes), subió en el año 2010 al 9,2 y se redujo en el año 2011 al 5,4 por ciento de toda la población (dos millones 100 mil habitantes). Ello indica que la disminución de la indigencia fue entre 2003, cuando afectaba al 27 por ciento de la población del país, y el año 2011, de 22 puntos porcentuales, lo que implica que cayó en nada menos que un 80 por ciento (UCA, página 58).
El documento de la UCA aporta un párrafo muy ilustrativo: “En términos dinámicos, cabe destacar que la caída de la indigencia y de la pobreza exhibida durante el último año (2010-2011) fue particularmente intensa en el estrato social socioeconómico más bajo (25 por ciento inferior) y, asimismo, en villas y asentamientos precarios y en los barrios de sectores populares dentro de la traza urbana formal”.
La información sobre la dinámica social que aporta el estudio del Cippec se refiere a la pobreza por región del país entre los años 2001 y 2010. Esta información ofrece datos sobre pobreza más reducidos, en el año final, que los que consigna el informe de la UCA-Observatorio Social. Así, para el Nordeste, la región con peor situación social, el mapa de la pobreza indica un descenso significativo: era del 57,2 en 2001 y cayó al 18,5 en 2010. En el Noroeste, el descenso fue del 48,3 por ciento de sus habitantes en el año 2001 a 11,8 en 2010. Para la región Cuyo, del 39,6 por ciento de pobres en el 2001 se pasó en el año 2010 a sólo el 9,8. En la región pampeana, los datos consignan un 37,1 de pobreza en 2001 y un 9,6 en 2010. En la poblada área del Gran Buenos Aires, los índices de pobreza caen del 37,1 al 9,6. Y en la región patagónica, donde la situación social es la mejor de todo el país, los índices de pobreza total son del 23,2 en el año 2001 y se repliegan al 5,8 en 2010 (Cippec, cap. 3, página 58).
Como conclusión de este recorrido relevante de datos, entre el cierre de la convertibilidad y los tiempos que corren, sólo cabe agregar que los mismos son impactantes en cuanto al progresivo y firme horizonte de progreso social y justicia distributiva que ha tenido lugar en esta nueva etapa. La fuente de las estadísticas que corroboran esta información es de procedencia insospechada y no se la puede acusar de ser cercana o afín a las ideas de quienes han conducido el país en los últimos nueve años. Es posible afirmar, entonces, que el debate en torno de la bondad del proyecto de desarrollo vigente desde el año 2003 ha sido definitivamente cerrado con los datos transcriptos, que puntualizan los evidentes beneficios que para los sectores sociales que menos recursos e ingresos tienen ha venido deparando la política económica del desarrollo con inclusión y equidad social aplicada en la reciente década.
* Investigador principal del Conicet.
PARAMILITARES COLOMBIANOS ADMITIERON DELITOS DE HOMICIDIO, DESAPARICION Y DESPLAZAMIENTO

Los “paras” confesaron sus crímenes

La fiscalía informó que desde que los ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a entregar información, las autoridades encontraron 4767 cuerpos. En total se calculan cincuenta mil víctimas.
La Fiscalía General de Colombia reportó ayer que grupos de paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en ese país confesaron los delitos de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento. Estos hechos dejaron más de 50 mil víctimas.
El informe de la Fiscalía añadió que desde que los ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a entregar información sobre fosas clandestinas, las autoridades han encontrado 4767 cuerpos, en su mayoría en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander y Norte de Santander. La información, revelada por la cadena de radio RCN, señala que las confesiones de los ex integrantes de las bandas de ultraderecha mencionan en total a 50.509 víctimas. Entre los casos referidos por los delincuentes en las indagatorias se encuentran 25.083 asesinatos, 10.925 casos de desplazamiento y 3459 de desaparición forzada. El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, indicó que se calcula que alrededor de 50 mil cuerpos de víctimas de los paramilitares permanecen enterrados en fosas comunes.
Las AUC reunieron a varios grupos paramilitares que se crearon en los años ’80 mediante la financiación de terratenientes y narcotraficantes con la supuesta intención de combatir a la guerrilla, aunque terminaron involucrados en negocios de tráfico de drogas y cometiendo múltiples delitos de lesa humanidad contra campesinos. Esos grupos se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en el marco de un proceso de diálogo con el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), que pidió al Congreso aprobar una ley por la cual los paramilitares no pueden recibir penas superiores a ocho años de prisión. Según la administración Uribe, unos 32 mil integrantes de esa organización se desmovilizaron.
En tanto, Uribe anunció ayer que demandará a dos ex congresistas que aseguraron que los grupos paramilitares apoyaron su elección en 2002. El ex mandatario adelantó en su cuenta en Twitter que sus abogados entablarán una “denuncia penal” contra Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella, ex legisladores que fueron condenados por haber mantenido nexos con las desaparecidas AUC. En un comunicado, divulgado el martes a la noche, Uribe sostuvo que Pineda y De la Espriella recibieron presiones de Saltavore Mancuso, uno de los antiguos jefes máximos de las AUC que fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros doce mandos paramilitares, para que declararan en su contra en esta causa.
Los dos legisladores participaron el martes como testigos en un proceso judicial contra Mancuso, quien ha intervenido en la audiencia por medios virtuales. Este ex paramilitar confirmó el apoyo a la elección de Uribe e, incluso, aseguró que financió un mitin político realizado en una localidad del noroeste del país. Pineda y De la Espriella afirmaron el martes en un tribunal de Bogotá que esa organización ultraderechista apoyó la elección de Uribe en 2002. Según ellos, el apoyo lo ordenó Mancuso.
Los ex legisladores de origen liberal aseguraron que ambos, por decisión de Mancuso, hicieron de interlocutores ante Uribe, quien fue reelecto en el 2006, año de la disolución de las AUC, dentro de un proceso de paz con su gobierno. Como consignó el diario colombiano El Tiempo, los ex legisladores declararon que ellos le comunicaron a Uribe, a principios del 2002, el apoyo de las autodefensas a su campaña. Según informó el periódico, De la Espriella fue uno de los primeros políticos condenados por las alianzas con los “paras”, y hasta su captura en el 2006 era uno de los congresistas más cercanos al gobierno de ese momento. El ex congresista indicó que las autodefensas supuestamente financiaron algunos de los gastos, como la compra de 50 mil camisetas, que encargaron directamente a China y a Panamá, e incluso, habrían manejado la logística de transporte y seguridad, incluidas las giras de Uribe en Córdoba. De la Espriella también habló de una reunión que se habría realizado cuando Uribe era presidente.